Resarcen daño moral por despido arbitrario de un carnicero.

Al verificar que el despido injustificado de un empleado se produjo por un juicio iniciado, en el que reclamaba diferencias de haberes y sanciones por irregularidades en su registración; y dado que la patronal no probó la necesidad ni la razonabilidad de la medida, siendo esa conducta contraria al acceso a tutela judicial efectiva y al derecho de defensa del trabajador, la Sala 7ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba, integrada por Mauricio César Arese, condenó a Libertad SA a abonar al ex dependiente la suma de $5.000 en concepto de daño moral.

 

La cuestión fue protagonizada por Pablo Miguel Díaz, quien sostuvo que fue discriminatoriamente despedido, sin expresión de causa, siendo el real motivo de la cesantía mantener un pleito judicial por diferencia de haberes e incorrecta registración laboral. El actor había formulado reclamos extrajudiciales, administrativos y judiciales en contra de la demandada, que comenzaron el 16 de septiembre de 2009 y se dictó fallo en febrero de 2012 y, entremedio de ello, el 19 de julio del 2011 fue despedido sin expresión de causa.

Lapso. Analizadas las pruebas rendidas en la causa, el vocal señaló que “el lapso de dos años que media entre reclamos y demanda y despido no habla de una reacción inmediata o represiva de la empresa porque ‘toleró’, valga la expresión, durante ese tiempo que el actor sostuviera la demanda judicial que luego obtuvo una sentencia adversa”.

Sin embargo, el sentenciante advirtió que “existió contemporaneidad entre proceso judicial y despido del actor”, subrayando que “la simultaneidad del reclamo pendiente y el despido, pudiendo haberse evitado ya que no se ha explicado la urgencia, necesidad y razonabilidad de los despidos producidos por la demandada, deja sin sustento la posición de la demandada”.

Contemporaneidad. En esa dirección, el magistrado puntualizó que “la contemporaneidad y el hecho de que la empresa no aportó elementos sustentables de su conducta más que, según los testigos, la existencia de numerosos despidos en varias áreas, constituye un elemento central de la relación entre el despido y el ejercicio por parte del actor de los derechos fundamentales de acceso a tutela judicial efectiva y defensa en el marco de un contrato de trabajo”, añadiendo que estos derechos tienen “fundamentos legales básicos en los artículos 8 de la DUDH, 8 y 25 de la CADH, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre indica en su art. XVIII, artículo 18 y 33 CN y artículo 1 Ley 23.592”.

En ese orden de ideas, en el fallo se consideró que “avanzado el juicio inicial, sobrevino su despido sin causa y los temores entre sus compañeros probados en autos”, evidenciándose así “un daño moral por la réplica del despido frente al acceso a tutela judicial efectiva y el derecho de defensa del actor, que constituyen derechos fundamentales”.

Fuente: Comercio y Justicia